La norma reduce el papel de los municipios a la “valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. O lo que es lo mismo: Una mera oficina de derivación con alguna ayuda de urgencia o de los albergues municipales en su concepto más limitativo de puro asistencialismo a corto plazo.
