Desde la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, venimos denunciando desde hace tiempo los criterios que el Ayuntamiento de nuestra ciudad está implantando para limitar el acceso a las Ayudas de Urgencia.
La nueva circular que se remitió a los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) el pasado 26 de noviembre supone una nueva vuelta de tuerca en dicha dirección al plantear unos criterios cada vez más restrictivos y descontextualizados en el uso ayudas de urgencia destinadas a la alimentación.
El incumplimiento de dichos criterios establece una sanción de un año en la concesión de nuevas ayudas a aquellas personas que no se ajusten a dichos criterios. Esta sanción a todas luces excesiva ya que no está sujeto al análisis del gasto realmente llevado a cabo ni al contexto concreto en que se ha realizado, se hace extensiva no solo a las ayudas de alimentación, sino a cualquier otro tipo de urgencia.
Además, desde una perspectiva únicamente punitiva, no permite la posibilidad de trabajo previo con las familias que permita un gasto adecuado.
¿Dónde queda la labor de los profesionales que conocen a las personas y que pueden orientar y asesorar, sin necesidad de castigar arbitrariamente a todos?, ¿alguien se imagina a un profesional de la medicina no dispensando un medicamento necesario por el uso que el paciente ha hecho?.
En un intento absurdo por controlar en qué se gastan las ayudas, la circular establece un listado cerrado de productos a poder adquirir con las citadas ayudas incluyendo determinados alimentos (por ejemplo, arroz, macarrones, yogures de sabores...) y dejando arbitrariamente fuera otros de la misma naturaleza y precio (por ejemplo, fideos, tallarines, cous-cous,
bifidus ...).
El 90% de las ayudas tramitadas para este concepto y que hasta este momento se consideraban como adecuadas no cumplirían los requisitos establecidos en la citada circular.
La compra de un zumo o un batido para un niño, de un potito, de una papilla, una mermelada, un puré, unos quesitos o un botellín de agua mineral, supondría la sanción expuesta.
Desde la Plataforma entendemos que se puedan establecer criterios generales sobre el gasto a realizar con las ayudas de alimentación y que se tenga que supervisar dicho gasto, pero también creemos que intentar establecer un listado cerrado de productos además de imposible, es absurdo y nos lleva a dejar de lado las características de cada una de las familias y las circunstancias particulares que pueden justificar determinados gastos.
Además creemos que esta dinámica cercena la dignidad de las personas que no solo se ven abocadas a utilizar dichas ayudas por su situación, sino que se les priva de la mínima autonomía para decidir incluso qué comer dentro de unos criterios generales. La pobreza no supone la pérdida de la libertad individual, de los gustos y preferencias personales, de la alimentación como expresión de la propia identidad.
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