De ser estos datos ciertos, el nivel de fraude de la prestación sería de poco más del 0,5% de los perceptores actuales de la misma (5.500 según la noticia) un porcentaje despreciable y muy inferior al detectado en otras prestaciones sociales o hacienda.
Desde la plataforma no podemos sino rechazar este nuevo intento de culpabilizar a las personas y familias que sufren día a día las consecuencias de esta crisis que no han producido. La pobreza es ya suficiente estigma para alimentarlo con mentiras.
Creemos que los recursos humanos empleados en esta 'caza y captura' podrían ser destinados más productivamente si se emplearan en desatascar los más de mil expedientes paralizados o a reducir los más de ocho meses que se tarda en tener acceso a la prestación.
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