No era eso
Hace ya más de un año la Plataforma denunció la situación de colapso de los servicios sociales y las consecuencias que éste tenían para los ciudadanos, y demandó entre otras cosas la puesta en marcha de un plan de choque para que los servicios sociales pudieran hacer frente a la situación.
Desde entonces hemos venido asistiendo con cierta perplejidad a una sucesión de 'planes de choque' (marzo 2012), 'planes de actuación urgente' (junio 2012) y finalmente hace unas semanas al anuncio de la creación de una red pública de reparto de alimentos y de un 'Plan de Emergencia Social' (noviembre 2012).
Aunque reconocemos el esfuerzo que se ha hecho en el mantenimiento de determinadas partidas presupuestarias, creemos que ninguna de estas medidas, de carácter parcial, improvisado y reactivo ante las denuncias que se hemos ido realizando, responde a lo que demandábamos y que nos movió a hacer público nuestro manifiesto. Creemos también que no dan más que una respuesta limitada a las necesidades de los ciudadanos.
En un contexto de crisis como la actual, con un importante riesgo de fractura social es necesaria la puesta en marcha de acciones integrales que garanticen la cohesión social y que no incidan únicamente en limitar el alcance de la pobreza.
No se puede considerar como un plan de lucha contra la exclusión una serie de actuaciones que se centran únicamente en la cobertura de necesidades básicas de alimentación. Medidas como las anunciadas y que, lamentablemente, son las mismas que se desprenden de los primeros borradores de trabajo del Plan Director Estratégico de Servicios Sociales de la ciudad, aunque necesarias en algunos casos, no tienen en cuenta dichos factores y no son sino de carácter paliativo y asistencial.
La inclusión social es proceso mucho más amplio que debe tener en cuenta además medidas de acceso al empleo, de formación, de educación, de vivienda, de participación social, de fortalecimiento de redes sociales y de desarrollo de las comunidades. Ese es el plan de choque que demandamos y que parece que la corporación renuncia a llevar a cabo.
Entendemos además, que ya existen los mecanismos adecuados dentro de los servicios sociales para la cobertura de necesidades básicas (Ayudas de Urgente Necesidad y el Ingreso Aragonés de Inserción), menos estigmatizantes que el reparto en especie, y que además posibilitan el diseño de planes individualizados de inserción, que ayuden a las unidades familiares a salir de su situación, por lo que el reparto de alimentos por parte de la red pública carece de justificación.
Bien es cierto que, para que esas prestaciones funcionen adecuadamente, es necesario dotar de medios suficientes a los Centros de Servicios Sociales para que puedan llevar a cabo este trabajo de intervención y revisar los procedimientos para que sean lo más ágiles y adaptados a las necesidades. Es además necesario un compromiso por parte de las diferente administraciones para su correcto funcionamiento, recortando los tiempos de tramitación tanto en lo que respecta en la atención y tramitación desde los Centros de Servicios Sociales como en la respuestas posterior desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y que en muchos casos puede superar los ocho meses.
Por último nos gustaría señalar la importancia de que el diseño de cualquier plan de actuación cuente con la participación de los profesionales de los servicios sociales a los hasta el momento no se ha tenido en cuenta. Entendemos que la elaboración del Plan Director Estratégico de Servicios Sociales que regirá la acción social de nuestra ciudad durante los próximos ocho años (2012-2020), sería un buen momento para esta participación, por lo que lamentamos que el diseño de este documento fundamental deba hacerse en tan solo tres meses, sin generar espacios reales de reflexión y debate, lo que supone un importante déficit de participación y de falta de consenso de todos los actores implicados (profesionales, organizaciones sociales, usuarios...).