25 sept. 2014

COMUNICADO SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN

Las entidades promotoras de la campaña contra el proyecto de reforma del Ingreso Aragonés de Inserción (Cáritas de Zaragoza, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Espacio de Derechos Sociales y la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales) queremos hacer público este comunicado: 


Tras la publicación de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón número 244, de 30 junio de 2014 y el rechazo del Gobierno de las enmiendas a la totalidad del mencionado Proyecto de Ley, se ha constituido una ponencia para el estudio de las 256 enmiendas parciales de los diversos grupos parlamentarios.

Como hemos mencionado en otras ocasiones, el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) es una prestación esencial que permite la “garantía de los recursos mínimos de subsistencia y actuaciones dirigidas a lograr una plena integración social”, al cubrir necesidades básicas de los ciudadanos.

En un contexto socioeconómico como el presente, en el que el desempleo se ha convertido en un asunto grave -con 136.300 aragoneses sin trabajo, 50.100 de ellos por un periodo superior a dos años- y estando más de 285.000 personas en riesgo de pobreza, asistimos a una situación de creciente desigualdad, pobreza y exclusión social.

Reconocemos la voluntad y el esfuerzo que el Gobierno de Aragón y los grupos parlamentarios están realizando para mejorar el Proyecto de Ley y valoramos, positivamente, la presentación de enmiendas que incorporan muchas de las alegaciones y sugerencias formuladas por numerosas entidades sociales como las relativas a la restricción presupuestaria, a algunas condiciones de acceso, a la mejora en la redacción y terminología empleadas o la compatibilidad del IAI con determinadas prestaciones o subsidios. Sin embargo, nos preocupa que pueda no considerarse alguna de las alegaciones como las relacionadas con las mejoras en el funcionamiento o tramitación de la prestación.  De hecho, compartimos a diario las consecuencias que esto tiene entre las personas, las familias, los agentes y las entidades con las que nos relacionamos.

Tras analizar las alegaciones presentadas por los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno de Aragón, nos inquieta:

·    Que pueda excluirse a personas que están en situación de extrema pobreza como determinados colectivos de inmigrantes, jóvenes menores de 25 años, personas  mayores de 65 años que no tienen acceso a las pensiones no contributivas, personas que se hallen internadas en centros penitenciarios o quienes se hallen en centros residenciales ocupando plaza pública o concertada.

·    Que la cuantía mensual máxima a percibir por la prestación pueda ser inferior al 1,25 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Ello puede significar una rebaja de más de 100€ mensuales en la cuantía de esta prestación básica lo que, sin duda, dificultará la cobertura de las necesidades básicas de las personas y familias beneficiarias.

·    La caducidad automática a los tres años de iniciar el proceso de inserción, aun cuando el titular continúe cumpliendo todos los requisitos y haya realizado lo indicado en los acuerdos de inserción.

·    La falta de claridad al regular las ofertas de incorporación al mercado laboral.  Las incursiones en el mercado de trabajo inferiores a los tres meses deben suponer una modificación de circunstancias y no una suspensión de la prestación. Asimismo, es preciso aclarar y regular las condiciones mínimas de las ofertas laborales (duración, jornada, retribución y consonancia con el proceso de inserción). 

·    La permanencia de medidas que constituyen una carrera de obstáculos para los solicitantes, como los amplios plazos administrativos o el aumento de los controles respecto a la legislación actual, vinculándolos a un aumento insignificante del fraude  -según cifras oficiales- y cuestionable. En este contexto, parece excesivo exigir una presencia física con periodicidad mínima mensual en un centro administrativo, pues denota una intencionalidad de control y no tanto de incidir en el  acompañamiento al beneficiario de la prestación en su proceso de inserción socio-laboral.

·    Que subsistan algunos conceptos jurídicos indefinidos, que algunas de las enmiendas sean contradictorias con otros artículos que deberían modificarse en paralelo y que muchos artículos esenciales  dejen su contenido supeditado al posterior desarrollo reglamentario.

·    Que los agentes sociales queden excluidos de la Comisión de Seguimiento de la prestación.


Todo ello, de aprobarse, implicará el desamparo de numerosas personas cuya situación de vulnerabilidad se cronificará gravemente.

Dado que según el Estatuto de Autonomía de Aragón, corresponde a los poderes públicos de Aragón la “eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los términos previstos por la ley”,  solicitamos se tengan en cuenta las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios para mejorar el Proyecto de Ley en los aspectos que se indican en este comunicado y en el manifiesto del pasado mes de abril, firmado por más de ochenta colectivos sociales. Asimismo, manifestamos nuestro deseo de aportar ideas para la elaboración del Reglamento que desarrolle la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción.  


Zaragoza, 25 de septiembre de 2014