Las entidades promotoras de la campaña contra el proyecto de reforma del Ingreso Aragonés de Inserción (Cáritas de Zaragoza, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Espacio de Derechos Sociales y la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales) queremos hacer público este comunicado:
Tras
la publicación de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés
de Inserción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón número 244, de 30
junio de 2014 y el rechazo del Gobierno de las enmiendas a la totalidad del mencionado Proyecto de Ley, se ha
constituido una ponencia para el estudio de las 256 enmiendas parciales de los diversos
grupos parlamentarios.
Como
hemos mencionado en otras ocasiones, el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) es
una prestación esencial que permite la “garantía de los recursos mínimos de
subsistencia y actuaciones dirigidas a lograr una plena integración social”, al cubrir necesidades básicas de los
ciudadanos.
En un contexto
socioeconómico como el presente, en el que el desempleo se ha convertido en un
asunto grave -con 136.300 aragoneses sin trabajo, 50.100 de ellos por un
periodo superior a dos años- y estando más de 285.000 personas en riesgo de
pobreza, asistimos a una situación de creciente desigualdad, pobreza y
exclusión social.
Reconocemos
la voluntad y el esfuerzo que el Gobierno de Aragón y los grupos parlamentarios
están realizando para mejorar el Proyecto de Ley y valoramos, positivamente, la presentación de enmiendas que incorporan muchas
de las alegaciones y sugerencias formuladas por numerosas entidades sociales como
las relativas a la restricción presupuestaria, a algunas condiciones de acceso,
a la mejora en la redacción y terminología empleadas o la compatibilidad del
IAI con determinadas prestaciones o subsidios. Sin embargo, nos preocupa que pueda
no considerarse alguna de las alegaciones como las relacionadas con las mejoras
en el funcionamiento o tramitación de la prestación. De hecho, compartimos a diario las
consecuencias que esto tiene entre las personas, las familias, los agentes y las
entidades con las que nos relacionamos.
Tras
analizar las alegaciones presentadas por los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno de Aragón,
nos inquieta:
·
Que pueda excluirse a personas que están en
situación de extrema pobreza como determinados colectivos de inmigrantes,
jóvenes menores de 25 años, personas mayores
de 65 años que no tienen acceso a las pensiones no contributivas, personas que
se hallen internadas en centros penitenciarios o quienes se hallen en centros
residenciales ocupando plaza pública o concertada.
·
Que la cuantía mensual máxima a percibir por
la prestación pueda ser inferior al 1,25 del IPREM (Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples). Ello puede significar una rebaja de más de 100€
mensuales en la cuantía de esta prestación básica lo que, sin duda, dificultará
la cobertura de las necesidades básicas de las personas y familias
beneficiarias.
·
La caducidad automática a los tres años de
iniciar el proceso de inserción, aun cuando el titular continúe cumpliendo
todos los requisitos y haya realizado lo indicado en los acuerdos de inserción.
·
La falta de claridad al regular las ofertas
de incorporación al mercado laboral. Las
incursiones en el mercado de trabajo inferiores a los tres meses deben suponer
una modificación de circunstancias y no una suspensión de la prestación.
Asimismo, es preciso aclarar y regular las condiciones mínimas de las ofertas
laborales (duración, jornada, retribución y consonancia con el proceso de
inserción).
·
La
permanencia de medidas que constituyen una carrera de obstáculos para los
solicitantes, como los amplios plazos administrativos o el aumento de los
controles respecto a la legislación actual, vinculándolos a un aumento insignificante
del fraude -según cifras oficiales- y
cuestionable. En este contexto, parece excesivo exigir una presencia física con
periodicidad mínima mensual en un centro administrativo, pues denota una
intencionalidad de control y no tanto de incidir en el acompañamiento al beneficiario de la
prestación en su proceso de inserción socio-laboral.
·
Que subsistan algunos conceptos jurídicos
indefinidos, que algunas de las enmiendas sean contradictorias con otros
artículos que deberían modificarse en paralelo y que muchos artículos esenciales
dejen su contenido supeditado al
posterior desarrollo reglamentario.
·
Que los agentes sociales queden excluidos de
la Comisión de Seguimiento de la prestación.
Todo
ello, de aprobarse, implicará el desamparo de numerosas personas cuya situación
de vulnerabilidad se cronificará gravemente.
Dado
que según el Estatuto de Autonomía de Aragón, corresponde a los poderes
públicos de Aragón la “eliminación de las causas y efectos de las diversas
formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los
términos previstos por la ley”, solicitamos
se tengan en cuenta las enmiendas parciales presentadas por los grupos
parlamentarios para mejorar el Proyecto de Ley en los aspectos que se indican
en este comunicado y en el manifiesto del pasado mes de abril, firmado por más
de ochenta colectivos sociales. Asimismo, manifestamos nuestro deseo de aportar
ideas para la elaboración del Reglamento que desarrolle la Ley del Ingreso
Aragonés de Inserción.
Zaragoza, 25 de septiembre de 2014
La
aprobación sin ningún tipo de acuerdo sindical de
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Zaragoza, ha tenido
en el caso concreto de los servicios sociales de la ciudad unas consecuencias
aún más importantes que en otras áreas, dado que se ha utilizado para una reorganización del Servicio de Acción
Social vía exprés y sin ningún tipo
de participación de los profesionales de mismo.
