Extracto de las conclusiones del estudio Programas de reparto de alimentos en Gipozkoa elaborado por el SIIS de la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2009 en el que se analizaban los programas de este tipo implantados en Europa, Canadá y EE.UU.
(...) Puede decirse en ese sentido que, de los países analizados
en esta revisión, los que tienen un sistema de políticas sociales más
desarrollado y maduro han enfocado el problema de la inseguridad alimentaria y de la falta de
alimentos desde una perspectiva sociosanitaria, en la que se trabaja la
pobreza, la promoción de hábitos saludables de vida y el refuerzo de la acción
comunitaria. Por el contrario, los países con sistemas de protección social
más débiles o subdesarrollados (Canadá, Estados Unidos, Argentina, los países más pobres
de la UE), parecen haber optado en mayor medida por el reparto de alimentos,
desde una perspectiva más bien asistencialista y dando prioridad a las
respuestas de urgencia
(...) la implicación de las
entidades sin fin de lucro en este tipo de programas constituye una vía de
des-responsabilización de las administraciones públicas respecto de sus
obligaciones en materia de satisfacción de las necesidades básicas de toda la población.
Las críticas a algunas de las experiencias desarrolladas
en otros países de nuestro entorno por su carácter asistencialista y por el hecho de haber
facilitado, consciente o inconscientemente, una cierta desresponsabilización
de las Administraciones públicas llevan a pensar que, pese a sus buenas intenciones, no
todas las iniciativas que se desarrollan en este ámbito tienen el mismo valor.
Desde ese punto de vista, parece claro que cualquier intervención que se
realice en este ámbito deba basarse en unos principios básicos determinados:
-
Un
carácter normalizado, utilizando en la mayor medida los recursos comunitarios y
evitando en lo posible el establecimiento de criterios de selectividad, que
pueden resultar estigmatizantes.
-
Una
concepción complementaria −y en ningún caso sustitutiva− de la acción pública
contra la pobreza, que debe materializarse, en primera instancia, a través del
establecimiento de un sistema de rentas mínimas con cuantías, coberturas y
criterios de acceso adecuados.
-
Si
bien en muchos casos la atención a las situaciones de urgencia sólo puede tener
un carácter asistencial, las medidas que se pongan en práctica deben renunciar
en la mayor medida posible al asistencialismo, y plantearse desde una
perspectiva integral que tenga en cuenta los procesos de inclusión social y la
necesidad de adquirir hábitos de vida y de alimentación más saludables.