En los años 50 el régimen franquista puso en
marcha una campaña que bajo el lema ‘Siente un pobre a su mesa’, quería promover, “en fechas tan señaladas”, un
sentimiento de caridad hacia los más necesitados. Salvando las distancias,
parece que la lógica de esa campaña vuelva a estar ahora de rabiosa actualidad con el plan ‘Zaragoza Redistribuye’ de reparto de alimentos que impulsa el
Ayuntamiento de Zaragoza.
La penosa situación de las arcas públicas y el más que evidente impacto de ello en las políticas sociales están volviendo a situar en primer plano el asistencialismo, la caridad y la compasión como grandes asideros en los que apoyar la frágil cohesión social.
Proyectos como este suponen la abdicación de los poderes públicos de su función compensatoria y proactiva. Ante situaciones de urgencia como las actuales, no basta únicamente con articular medidas que den cobertura a las necesidades básicas de los ciudadanos, para las que además ya existen mecanismos dentro de los servicios sociales, sino que es preciso la inversión en planes de inclusión que incidan en la formación, el empleo, la educación... y en todos aquellos factores que disminuyan la desigualdad.
Somos totalmente partidarios de impulsar y promover la solidaridad social organizada y las dinámicas que buscan reforzar la capacidad de respuesta comunitaria en los temas sociales, pero no parece que esto sea lo que se pretende con este proyecto. No es lo mismo recibir la ayuda circunstancial fruto de la solidaridad de unos u otros, que tener derecho a una prestación si se entra en una situación de carencia o de riesgo prevista normativamente. Al final, lo que está en juego es la dignidad de las personas. Un ciudadano con derechos no es lo mismo que un menesteroso que recibe caridad.
La penosa situación de las arcas públicas y el más que evidente impacto de ello en las políticas sociales están volviendo a situar en primer plano el asistencialismo, la caridad y la compasión como grandes asideros en los que apoyar la frágil cohesión social.
Proyectos como este suponen la abdicación de los poderes públicos de su función compensatoria y proactiva. Ante situaciones de urgencia como las actuales, no basta únicamente con articular medidas que den cobertura a las necesidades básicas de los ciudadanos, para las que además ya existen mecanismos dentro de los servicios sociales, sino que es preciso la inversión en planes de inclusión que incidan en la formación, el empleo, la educación... y en todos aquellos factores que disminuyan la desigualdad.
Somos totalmente partidarios de impulsar y promover la solidaridad social organizada y las dinámicas que buscan reforzar la capacidad de respuesta comunitaria en los temas sociales, pero no parece que esto sea lo que se pretende con este proyecto. No es lo mismo recibir la ayuda circunstancial fruto de la solidaridad de unos u otros, que tener derecho a una prestación si se entra en una situación de carencia o de riesgo prevista normativamente. Al final, lo que está en juego es la dignidad de las personas. Un ciudadano con derechos no es lo mismo que un menesteroso que recibe caridad.